Sr. Oscar
Chinchilla, Fiscal General.
Sr. Rolando
Argueta, Director de Fiscales.
Sra. Lorena
Fernández, Fiscal Especial del Ambiente.
Sr.
Heriberto Martinez, Coordinador de la oficina regional del litoral atlántico.
El
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, denuncia la hostilidad
de parte del equipo de fiscales del ambiente desplazados esta semana en el
departamento de Atlántida junto con personal de la DECA/SERNA.
El 9 de
diciembre del 2010 el MADJ denunció ante el Ministerio Público una serie de
anomalías que se están sucediendo en el departamento de Atlántida cuya
responsabilidad recae en los empresarios propietarios de las concesiones
hidroeléctricas. Ahora, casi cuatro años después de haber interpuesto tal
denuncia, el Ministerio Público asumió la responsabilidad de desplazarse junto
con personal de la DECA/SERNA y representantes del MADJ al departamento de
Atlántida y así corroborar in situ las denuncias presentadas a nombre de las
comunidades para elaborar un informe y a partir de los hallazgos deducir las
responsabilidades pertinentes.
Se fijó la
fecha 17 de octubre para sostener en la DECA/SERNA una reunión para coordinar
el plan de la gira; sin embargo el representante del MADJ designado para esta
actividad sólo pudo reunirse con la Ingeniera Fabiola Méndez, de la DECA, quien
le manifestó que el plan de la gira dependía de los fiscales y que esperáramos
a que el fiscal Eddie Lagos Pereira nos informara. Mientras tanto, el equipo de
fiscales y técnicos de la SERNA se trasladó este lunes a Atlántida y nos
topamos con que todo lo querían hacer sin que el MADJ se enterara de su
presencia para que no tuviera representantes en las inspecciones a cada uno de
los proyectos hidroeléctricos.
Hoy martes
por la mañana, luego de una protesta formal verbal del coordinador general del
MADJ hecha al fiscal Eddie Lagos, éste se comprometió a incorporar los
representantes del MADJ a la inspección, pero resulta que al llegar a las
instalaciones del proyecto hidroeléctrico San juancito, de la empresa Contempo,
la empresa se opuso a que el Padre Marcos Ayala, párroco de San Juan Pueblo,
integrara la comisión; con lo cual se violenta la gira de inspección pues el
MADJ es la parte demandante y forzosamente tiene que participar en las
inspecciones con las personas que delegue. La Ley General del Ambiente y leyes
conexas otorgan a las comunidades el derecho de velar por todo lo que pasa a su
medio ambiente y el Código Procesal establece el derecho de las víctimas de
delitos a participar en el proceso investigativo como parte fundamental del
acceso a la justicia. De manera que no es un capricho estar involucrados en
esta gira sino que es un derecho de la ciudadanía organizada en el MADJ que se
sienten víctimas de los atropellos ambientales de estas empresas que han sido
denunciados desde hace varios años.
Por la tarde
el equipo de fiscales y técnicos de la SERNA junto con personas del MADJ se
trasladaron al proyecto hidroeléctrico del río Los Laureles, perteneciente a la
empresa Genera, y esta vez fue una de las fiscales que, para complacer a la
empresa, prohibió que las personas que acompañaban la gira tomaran fotos de
ríos, quebradas, derrumbes y otros desmanes que se vienen cometiendo. Con esta
acción la fiscal pretende que el MADJ no fotografíe medios de prueba que
demuestran el descalabro ambiental que está en marcha con estos proyectos
hidroeléctricos. A esta fiscal, cuyo nombre desconocemos pero acompaña al
abogado Eddie Lagos, le decimos que la devastación ambiental y social que están
provocando los proyectos hidroeléctricos no pueden esconderse y ella misma
puede corroborarlo haciendo uso de dictámenes propios de la Fiscalía Especial
del Ambiente, como ser el dictamen UTA-FEMA No 025-2010 que en 22 páginas
describe las aberraciones ecológicas que están sucediendo en Atlántida. En el MADJ
estamos cansados de solicitar los documentos de Evaluación de Impacto Ambiental
de los proyectos hidroeléctricos pero el acceso a los mismos ha sido
denegado por la SERNA, las municipalidades involucradas y las mismas
empresas. De ahí que esta actitud de los fiscales nos lleva a pensar en la
posibilidad de que inclusive la fiscalía del ambiente pueda estar coludida con
el manejo ilícito y oscuro de los proyectos hidroeléctricos en el departamento
de Atlántida.
Desde ya el
MADJ eleva su más enérgica protesta ante ustedes, coordinadores de diferentes
instancias del Ministerio Público, ante todas las instituciones que velan por
la protección de los derechos humanos y ante todos los órganos impartidores de
justicia por la forma tan poco transparente con que el equipo de fiscales está
actuando en el departamento de Atlántida, favoreciendo con su actitud la
impunidad con que operan los empresarios de la hidroenergía en este
departamento.
San Pedro
Sula, 21 de octubre de 2014.
MOVIMIENTO
AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA
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